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El 6,4% de las contrataciones a profesionales con discapacidad implica movilidad interprovincial

Por   /   12 noviembre, 2013  /   Sin Comentarios

Frente al 11,92% de lo que ocurre en el mercado laboral general de nuestro país, y debido sin duda a sus particularidades propias del colectivo, el 6,4% de los profesionales con discapacidad se ven obligados a desplazarse fuera de su provincia de residencia cuando son contratados para trabajar.

Según “I Informe por la Diversidad”, estudio desarrollado por la Fundación Randstad a partir de una encuesta realizada a diversas empresas del panorama nacional y de los datos oficiales de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal correspondientes a 2012, en España había trabajando el año pasado 150.278 personas con discapacidad, de las que cerca de 10.000 tuvieron que cambiar de región para incorporarse al mercado laboral. De esta manera, durante 2012, el número de contratos de este tipo que supuso movilidad aumentó un 3,7%.

Discapacitados en el trabajo, de Free DownloadEn esa línea, la comunidad autónoma con la tasa más elevada fue La Rioja, ya que el 15,4% del total de sus contrataciones a estos profesionales conlleva desplazamientos de los mismos. Le siguen Castilla-La Mancha, con 13,6%, Castilla y León (8,3%), Navarra (8,2%), Madrid (6,8%), Cataluña (6,7%), Galicia (6,7%), Andalucía (6,6%) y País Vasco (6,5%), todas ellas por encima de la media nacional del 6,4%. Sin embargo, la movilidad fue menor en Comunidad Valenciana (5,9%), Aragón (5,9%), Murcia (5,5%), Cantabria (5,2%), Ceuta (5,1%), Extremadura (4,1%), Baleares (3,7%) y sobre todo en Asturias (2,2%), Canarias (2,1%) y Melilla (1,3%).

En esa dinámica, no obstante, la comunidad más receptora de trabajadores fue Madrid, que acogió a 1.750 trabajadores de estas características, en tanto que mandó a otras comunidades a 520 (saldo receptor de 1.230). En segunda posición en saldo se situó Cataluña, con un saldo positivo de 206 empleados, y en tercera el País Vasco (+201). Luego vienen Baleares, La Rioja, Ceuta y Canarias. Por el contrario, el mayor saldo negativo, con casi 500 personas, lo registra Castilla La Mancha, a la que siguen Murcia (-272) y Andalucía (-201). Y tras ellas, Castilla León, Galicia, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Con relación a la oferta de las empresas en este sentido y su compromiso respecto a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que establece para las firmas con más de 50 trabajadores la obligación de contar en su plantilla con al menos un 2% de empleados con discapacidad, el estudio de Fundación Randstad revela que el 56% de las compañías admite conocer la LISMI, sus obligaciones, beneficios y objetivos. En ese sentido, el 55% de todas las empresas consultadas asegura tener en sus filas profesionales con discapacidad, aunque entre las que disponen de una plantilla de más de 50 trabajadores el porcentaje en esa obligación alcanza al 80%, pero también es verdad que el 64% de estas últimas admite que lo hace solo por cumplir la ley.

Entre las empresas obligadas a tenerlos (plantillas de más de 50 empleados), en tanto que el 32% afirma que es una apuesta de la propia compañía por la diversidad, especialmente por la discapacidad, otro 35% dice que los contratan porque reúnen el perfil requerido por la firma, un 14% que los contratan debido a la actitud y motivación que estos trabajadores tienen hacia su ocupación, un 12% que lo hace por las bonificaciones que reciben a cambio, un 19% dicen que los tienen porque ya estaban contratados de antes, un 12% porque están satisfechos con experiencias anteriores de estos trabajadores y un 4% por el apoyo recibido por entidades especializadas en discapacidad.

En cualquier caso, las empresas desconocen mayoritariamente que existen medidas alternativas que pueden utilizar en caso de imposibilidad de contratar a personas con discapacidad, ya sea por ausencia de candidatos o por causas internas: contratación de centros especiales de empleo, donación o acciones de mecenazgo, contratación de profesionales autónomos con discapacidad, enclavamientos laborales, etc.

Por otra parte, lo cierto es que en los últimos años hay tres aspectos que están tomando más relevancia en cuanto a la gestión del personas por parte de las empresas: medidas que se toman para favorecer la conciliación socio-laboral; apuesta por el talento y la diversidad; beneficios sociales. Entre las medidas que las empresas llevan a cabo para fomentar la accesibilidad y la integración se encuentran la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de puestos (lo tienen el 24% de las consultadas), la colaboración con fundaciones y asociaciones (21%), ayudas a trabajadores con hijos con discapacidad (10%), ayudas a trabajadores con discapacidad (9%), acciones de responsabilidad social corporativa a favor del colectivo (7%), planes de acogida adaptados a las distintas discapacidades (6%) y planes de emergencia adaptados a los trabajadores con discapacidad (6%).

Imagen cortesía de jesadaphorn / FreeDigitalPhotos.net

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