José Ignacio Cases Comyn

La situación de las arcas públicas, como todo el mundo sabe, es más que complicada en muchos países occidentales. Los ingresos se han reducido drásticamente y los gastos deben adecuarse a la nueva realidad, lo cual es difícil, dado los servicios que se prestan desde las Administraciones Públicas (AA.PP.), los compromisos adquiridos, etc. En estos momentos, cabe preguntarse: ¿podrán los Gobiernos seguir alcanzando los mismos objetivos que hasta ahora?

En nuestra opinión, fundada en el trabajo con el sector público para la implantación de sus políticas, sí podrán; aunque, desde luego, no será tarea fácil.

Para conseguirlo, junto con la política de recortes, habría que implantar en las AA. PP. una política de análisis del gasto y de transparencia en el mismo. Las cantidades de recursos que se manejan son enormes; e incontrolables si no es con una institucionalización definitiva del análisis y la transparencia.

Institucionalizar el análisis del gasto se puede conseguir con prácticas como los “Star Chamber”, que anunció recientemente el Gobierno inglés. Se trata de un tribunal compuesto por altos cargos de las Administraciones Públicas y por personas de la sociedad civil al que todo gestor público deberá someter los planes, programas y proyectos que quiera llevar a cabo para su aprobación. Esto les obligará a estudiar y a demostrar el impacto real de los proyectos y la relación entre el coste y el beneficio. En definitiva, este organismo sirve para realizar evaluaciones ex antes de las actuaciones que se van a ejecutar.

En cuanto a la transparencia, su importancia está en el aprendizaje a través del conocimiento de los resultados. Al concluir, o en el intermedio de cualquier plan, programa o proyecto, deberían extraerse enseñanzas sobre la gestión, los resultados e impactos del mismo. En definitiva, proceder a una evaluación completa de cada actuación. Los resultados, además de ilustrar al sector público para la toma de decisiones futuras, dotarían de transparencia a la gestión de los recursos de todos.

En el mismo sentido, destaca también otra medida adoptada por el nuevo Gobierno de Reino Unido: hacer participar a la sociedad civil en el diseño de los planes. Y es que la responsabilidad en la toma de decisiones sobre el gasto público debe ser una decisión más colectiva de lo que ha sido hasta ahora.

Concluyendo: aquellos Gobiernos que, junto con el recorte del gasto, sepan implantar planes de optimización de los recursos -con análisis del gasto y transparencia- ganarán en eficiencia y podrán mantener el impacto de sus actuaciones.; y, por otra parte, aquellos que simplemente recorten gasto público manteniendo las prácticas tradicionales en la toma de decisiones, probablemente recorten también los resultados de sus políticas.

Por José Ignacio Cases Comyn, director general de Novadays