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La identidad digital, oportunidad de gran crecimiento para las economías desarrolladas

Por   /   30 mayo, 2019  /   Sin Comentarios

La implementación de la identidad digital (ID) a nivel global puede generar un incremento de hasta el 3% en el PIB de las economías desarrolladas durante los próximos diez años, según pone de manifiesto el estudio “La identificación digital: clave para un crecimiento inclusivo”, realizado por la consultora de gestión McKinsey & Company.

El documento, que se basa en el análisis de casi un centenar de formas de uso de la identificación digital, destaca que en el mundo aún hay 1.000 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de identificación y otros 3.400 millones sin huella digital (y, por tanto, sin identificación digital). Identidad electrónica, de PixabayDe ahí que estas lagunas representan una gran oportunidad para generar beneficios de forma global gracias al potencial económico que el ID digital puede producir en el conjunto de sectores de actividad.

No hay que olvidar que en un contexto de pleno desarrollo de procesos de digitalización, tanto en el sector público como en el privado, y de incremento exponencial del uso de dispositivos conectados, la expansión del ID digital permite desbloquear valor y generar grandes oportunidades de crecimiento económico y social, con una mayor integración de los individuos en la vida económica.

En este sentido, la identificación facilita la generación de beneficios y la interacción de los individuos con empresas, gobiernos y otras entidades en distintos roles bien diferenciados. Por ejemplo, en los consumidores y proveedores de bienes y servicios (con el fin de simplificar el registro y la autentificación, hacer más seguros los pagos digitales y facilitar la identificación e-KYC para servicios financieros); en trabajadores y empleadores (para facilitar la identificación del talento, verificar la experiencia de forma automática y hacer eficientes los servicios de nómina salarial); en microempresas y en consumidores, e instituciones de distinta naturaleza (con el objetivo de tener un registro formalizado del negocio y una mayor seguridad en contrataciones y transacciones); en contribuyentes y beneficiarios, así como en proveedores públicos de bienes y servicios (para simplificar servicios de e-gobierno, facilitar la declaración digital de impuestos y favorecer el desembolso directo de las ayudas gubernamentales); en ciudadanos con conciencia cívica y Gobiernos (con el propósito de facilitar el voto online, verificar las donaciones políticas y favorecer la matriculación escolar); y en propietarios de activos y proveedores de servicios relacionados con activos y compradores (para formalizar la propiedad de la tierra y facilitar compras y ventas).

De esa manera, el informe estima que, en 2030, la identificación digital podría “desbloquear” de media un valor económico equivalente al 6% del PIB en las economías emergentes, mientras que en las economías desarrolladas podría alcanzar un valor económico de aproximadamente del 3% de media, asumiendo altos niveles de adopción y uso en múltiples sectores. Y en esa línea, el estudio destaca en cuanto a España que el ID digital cuenta un potencial de creación de valor especialmente en la base salarial, las ayudas sociales y la eficiencia de inversión en capital; y en menor medida, en la lucha contra el fraude, la asistencia sanitaria y el desempleo.

Eso sí, la investigación de McKinsey & Company subraya que la generación del citado valor no es automática ni segura, y para ello se necesitan una base material y unas condiciones previas que permitan el establecimiento del sistema de identificación digital. De hecho, es esencial que exista una infraestructura digital suficiente y un sistema eléctrico fiable, con un nivel óptimo de penetración de Internet y de dispositivos conectados tales como smartphones y los servicios que estos generan. Al margen de que su implementación requiere también de unas políticas gubernamentales y de un marco normativo que ofrezca garantías a las personas, proteja su privacidad y derechos y establezca un entorno legal para su expansión y establecimiento. En ese sentido, la base legal de la identificación digital tendrá que incluir una política que determine qué procesos se deben seguir para considerar legalmente autenticada una identidad, así como ser capaz de abordar riesgos sistémicos sobre sus usos indebidos. Por último, los usuarios deben tener la suficiente confianza en el proveedor de servicios de identificación digital, ya que, de otra forma, evitarán su uso.

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Sobre el autor

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