Juan Manuel Badenas Carpio

Imaginemos un modelo de universidad en el que los mejores catedráticos y profesores de las universidades españolas, junto con los mejores profesores de las universidades de todo el mundo en cada una de sus disciplinas, pudieran dar clase en una universidad global con estudiantes de más de cien países y cuyos contenidos fueran explicados en la lengua propia de cada uno. Muchos pensarán que esto es ciencia ficción o que se refiere a un modelo de universidad que podría tardar algún tiempo en llegar, o establecido en Norteamérica; pero, sin embargo, esta universidad ya existe y la tenemos en España.

La sostenibilidad consiste en seguir haciendo las mismas cosas con igual calidad, o incluso mejorada, empleando menos recursos. Esto es, hacer lo mismo o, si es posible, mejor a menor coste. Sobre ello va a tratar este artículo.

El sistema universitario español es fruto del esfuerzo, durante casi treinta años, de los poderes públicos españoles. Gracias al mismo, actualmente tenemos unos magníficos campus y unas excelentes plantillas de profesores que, en buena parte, son la “envidia” de los europeos.

En los últimos veinte años he tenido oportunidad de visitar, por motivos docentes o de investigación, un número importante de universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, como La Sapienza (Roma), La Sorbona (Paris), Coventry (Londres), la Universidad de Múnich, la Universidad de Bolonia, la de Montpellier, la de Coimbra, la de Perpiñán… En muchas de ellas, las instalaciones están deterioradas, algunas, como las de La Sorbona, mantienen la “decadencia” del “Mayo del 68” y sus aulas, despachos e incluso el mobiliario necesitarían un “aggiornamento”.

Sin embargo, las universidades españolas, conservando (las que los tienen) sus antiguos paraninfos, parecen todas universidades de nueva planta, con unos campus modernísimos, bien construidos y generosos en sus espacios para departamentos, facultades, aularios e incluso instalaciones deportivas. Como a nadie se le escapa, la conservación y el mantenimiento de este inmenso patrimonio inmobiliario es costosísimo y difícilmente sostenible en tiempos de crisis. Según datos oficiales, cada universidad pública española, como media, emplea unos 34 millones de euros al año en este tipo de gastos.

Por otra parte, al albur de las sucesivas leyes de reforma universitaria que arrancan con la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, que ha sido sustituida y modificada sucesivamente por las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre, y 4/2007, de 12 de abril, las universidades públicas españolas se han venido dotando de unas plantillas de profesores y catedráticos cuya media de edad es de 48 años, lo cual significa que fueron contratados por primera vez hace más de veinte años y, previsiblemente, van a tener que seguir prestando servicio hasta su jubilación, al menos durante otros veinte años más. Resulta llamativo que el 47,5% de los actuales catedráticos se incorporó hace más de treinta años y que se hizo pensando en las necesidades docentes e investigadoras que tenían las Universidades a principios de los Años Ochenta, cuando nadie podía prever que pudiera llegar a existir un Espacio Europeo de Educación Superior que viniera a sustituir las antiguas diplomaturas, licenciaturas y doctorados por los nuevos grados, DEAs y posgrados. Según los datos oficiales, en nuestro país somos ahora más de 98.600 profesores universitarios cuyo salario medio bruto gira alrededor de los 2.200 euros mensuales, lo cual supone para las arcas públicas un coste superior a 217 millones de euros mensuales o, lo que es lo mismo, más de 3.000 millones de euros al año.

Si tenemos en cuenta los costes de mantenimiento y conservación de los edificios (se da por descartado que vayan a construirse muchos más en los próximos años), el de las plantillas de profesores (también se da por descartado que vayan a crecer todavía más en lo sucesivo), el del personal de administración y servicios (idem de lo anterior), los gastos financieros, de transportes, dietas, de investigación, de gestión y dirección, etc., llegamos a la conclusión de que en España tenemos un sistema universitario que, en las actuales circunstancias, es difícilmente sostenible. Esto lo sabemos los rectores, pero también lo intuyen los restantes catedráticos y la inmensa mayoría de los profesores de nuestras universidades públicas. Así pues, como diría aquel: “habemus un problema”.