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La mitad de las empresas españolas, víctimas de delito económico

Por   /   30 mayo, 2014  /   Sin Comentarios

Nada menos que el 50,6% de las compañías que operan en España, frente al 36,7% de la media en el mundo y al 34,5% en Europa, han sido víctimas durante los dos últimos años de algún fraude o delito económico. De esta manera, crece hasta un 7,6% el número de empresas perjudicadas en este sentido respecto a dos años antes, tal y como refleja la “Encuesta Mundial sobre fraude y delito económico 2014”, realizada por la firma de servicios profesionales PwC tras consultar a 5.128 altos ejecutivos empresariales en 99 países.

Delitos económicos, de Free DownloadLa investigación, que apunta que un 40% de los consultados españoles dice haber sufrido más de 10 delitos económicos en su organización (solo 20% se manifestaba así en 2011), revela que, de esta manera, el 40% de las empresas mundiales cree haber perdido entre 75.000 y 4 millones de euros en los 24 meses citados, mientras que otro 25% dice que sus pérdidas han superado los 4 millones de euros y el 22,5% que se ha visto perjudicados por menos de 75.000 euros. No obstante lo anterior, el impacto económico no es la única preocupación que tienen las organizaciones en España, pues las organizaciones consideran como los aspectos más relevantes y preocupantes, primero el impacto que tiene el delito económico sobre la motivación de los empleados en un 40%, seguido, con un 37,5%, del efecto en las relaciones comerciales y, con un 35%, del efecto sobre la reputación de la organización/marca.

La “Encuesta Mundial sobre fraude y delito económico 2014”, que además muestra que únicamente un 32,9% de las entidades de nuestro país (el 53,2% entre las de todo el mundo) afirma no haber sido objetivo de algún delito económico durante los últimos 2 años, pues otro 16,6% dice desconocer este tema, revela que los principales fraudes que sufrieron las compañías afectadas fueron sobre todo por apropiación indebida de activos (75%), aunque también se vieron perjudicadas por el soborno y la corrupción un 25,4%, por manipulaciones contables un 19,2%, cibercrimen (12,5%), delitos fiscales (12,5%), fraude de recursos humanos (12,5%), fraude en compras (12,4%), vulneración de la P.I. (10%), abuso de información privilegiada (10%), prácticas anticompetitivas (10%), blanqueo de capitales (5%), fraude hipotecario (5%), espionaje (5%), etc. Y de cara al futuro, las empresas españolas destacan que los delitos que más crecerán en los dos próximos años serán la apropiación indebida de activos (un 44,3% opina así), seguida del abuso de información privilegiada (30,4%) y de la manipulación contable (24,1%).

Por lo que se refiere al perfil del defraudador español, a diferencia de los datos mundiales, donde se limitan a protagonizar el 56% de los casos, en nuestro país el 75% de los fraudes los llevan a cabo los propios empleados de las compañías (en un 47,2% de los casos, el defraudador lleva en la empresa más de 10 años). Entre estos empleados defraudadores, el 44,4% son miembros de la alta dirección y otro 22,2%, mandos intermedios. Y en cuanto a la edad, los hombres con edades comprendidas en los 41 y los 50 años son los que más delitos comenten, tal y como apunta el 75% de encuestados en España.

En ese sentido, los factores que los encuestados españoles creen que más motivan a los defraudadores internos a cometer el delito son la oportunidad o posibilidad de hacerlo (72,2%), el incentivo o presión pata cumplir (16,7%) y la actitud/racionalización (2,8%).

Con respecto al fraude externo, si bien el principal autor del delito en Europa es el cliente, con un 31,1%, y a nivel global, con un 32,1%, en España la opción “clientes” no fue elegida por ninguno de los participantes. En contraposición, en España, los proveedores abarcan un 25% del fraude externo (un 42,9% en la encuesta 2011), mientras que en Europa y a nivel global este segmento se sitúa por debajo del 11%.

El estudio dedica también un capítulo al análisis de las principales fórmulas de detección utilizadas por las empresas, destacando a nivel mundial como método más utilizado el análisis de transacciones sospechosas (16,3%), mientras que en el caso español es el análisis de datos (19,4%). Según el documento, la prevención es la mejor arma de lucha contra los delitos económicos, ya que el 72% de los fraudes se cometen porque existe la posibilidad u oportunidad de hacerlo. Es decir, si la organización fuera capaz de limitar la oportunidad, podría detectarse antes de su comisión. Y es precisamente en esa línea en la que organismos reguladores y las propias organizaciones se están concentrando. Así, el 41% de las empresas españolas encuestadas afirma tener implantado un modelo de prevención y detección de riesgos en 2013, frente al 30,6% de la encuesta anterior.

En cualquier caso, el informe apunta asimismo que los canales de denuncias, tanto externos como internos, constituyen una iniciativa muy eficaz para implantar estrategias de prevención en las empresas. Estos canales permiten a empleados, clientes y proveedores denunciar o comunicar comportamientos o situaciones poco éticos y, por lo tanto, identificar y detectar posibles fraudes. En España, el 22,6% de los fraudes se detectan a través de estos canales de denuncias; un porcentaje muy similar a la media europea (21,2%) y global (23,3%).

En lo que respecta a las acciones llevadas a cabo contra los defraudadores internos, las organizaciones han recurrido durante estos dos últimos años, al margen de a despidos en un 61,1% de las ocasiones, a acciones legales en el 58,3% de los casos, a notificaciones autoridades regulatorias en un 27,8%, a informaciones a la fiscalía o al organismo anticorrupción equivalente en un 11,1%, a simples avisos o advertencias en un 5,6% y a traslados en un 2,8%, si bien también es cierto que en un 2,8% de los casos no se tomaron ningún tipo de medidas.

Y en lo que atañe a los defraudadores externos, en la mitad de los casos se llevaron a cabo acciones legales, al margen de que en otro 50% se cesaron las relaciones comerciales, y en un 25% se notificó la cuestión a las autoridades regulatorias.

Imagen cortesía de njaj / FreeDigitalPhotos.net

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