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FOGASA ¿Se acabaron las garantías?

Por   /   8 abril, 2014  /   Sin Comentarios

Por Sanahuja & Miranda, Despacho de Abogados especializado en asesoramiento integral a particulares y empresas.

 

El pasado 2 de diciembre de 2013, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulaba una enmienda en la que se añade una nueva disposición final en la “Ley de Presupuestos del Estado de 2014” y que va dirigida a la modificación del artículo 37, Fondo de Garantía Salarial, del Real Decreto Legislativo 1/1995.

Pago a parados, de Free DownloadEl Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) fue creado en el año 1976 como institución de garantía de los créditos salariales adeudados por parte de los empleadores ante la situación de insolvencia o concurso en la que se hallaban. Por ello, era el encargado de abonar tanto las indemnizaciones como salarios adeudados.

Hasta la fecha, el mismo cumplía con la finalidad para la que había sido creado, pero en la actualidad, el Gobierno alega que parte de los abonos que realiza deben ser suprimidos, pues no incentivan el aumento de nuevos puestos de contratación ni fomentan el empleado.

La verdad es que se han venido modificando las cuantías de indemnización, así como los topes de mensualidades a reclamar, pero parece ser que eso no ha sido suficiente, y la enmienda mencionada pretende así recuperar para el Fondo de Garantía Salarial su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención como institución de garantía en aquellos supuestos de insolvencia o concurso empresarial, desincentivando por tanto el despido y fomentando el mantenimiento del empleo. Es por ello que el 2 de diciembre se propuso la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. El mismo permitía a las empresas de menos de 25 trabajadores la realización de despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción abonando únicamente 12 de los 20 días que hubiera correspondido de indemnización; y el trabajador solicitaba los restantes 8 días de indemnización a FOGASA.

Es decir, permitía a pymes españolas la posibilidad de que el despido no comportara consecuencias negativas en su situación económica y poder así continuar con su actividad con las menores consecuencias posibles.

Sin embargo, el BOE de 23 de diciembre de 2013, en el que se publicaba la “Ley de Presupuestos del Estado 2014”, establece en su disposición final quinta que se suprime el apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, y que la misma será con efectos del 1 de enero de 2014 y con vigencia indefinida.

Así que los trabajadores de empresas inferiores a 25 trabajadores deberán abonar el 100% de la indemnización, es decir, los 20 días por año.

Esta medida todavía es muy reciente y ni la propia Administración sabe cómo va a resolver los expedientes que se formulen en este sentido. Parece ser que solicitará la acreditación real de insolvencia empresarial, a fin de poder seguir actuando como hasta ahora, pero de momento es muy pronto para poder indicar cómo deberá acreditarse esa insolvencia.

Hay que recordar, no obstante, que la gran mayoría de empresas españolas son compañías de pequeñas o medianas dimensiones y que esta medida puede provocar el cierre de buena parte de las mismas al verse con la obligación de pagar la indemnización en su totalidad y, a la vez, poder continuar con su actividad profesional.

Imagen cortesía de graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net

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