En España donde, según rankings de la OCDE hasta 2009, la deducción fiscal por I+D+i era la más favorable en el ámbito europeo, la única medida adoptada por el Gobierno ante la que está cayendo ha sido mantener las deducciones fiscales a la I+D de manera indefinida, más allá de 2012. Asimismo, el aprovechar el Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible para incorporar alguna mejora a este instrumento, sería una buena noticia, de haber planteado mejoras sustanciales; sin embargo, no ha sido el caso. Si bien se celebra la decisión, de hace casi un año, del Ejecutivo de mantener este incentivo fiscal indirecto, ésta se ve más como una señal de seguridad al empresario que como una medida de estímulo, pues el emprendedor seguirá ‘asfixiado’ por su problema de liquidez que, en último caso, acabará repercutiendo en los presupuestos a actividades de I+D. Es plausible que el Ejecutivo adopte medidas de urgencia con las que dar respuesta al momento económico que atravesamos, pero la excepcionalidad de la coyuntura exige además un cambio del sistema que favorezca de verdad a las empresas española y, a la vez, a la I+D+i en nuestro país.

Casos como el de Francia ponen de manifiesto que muchas veces no hace falta reinventar la rueda sino analizar en profundidad las vías ya existentes de estímulo a la I+D, que si bien de por sí pueden ser eficaces, necesitan suponerle de verdad un incentivo a la empresa.