Cómo reformar las Administraciones Territoriales

La recurrente reforma de las administraciones públicas que, en distintos niveles, configuran el reparto en que se estructura nuestra organización territorial es una de las grandes y más sangrantes reformas estructurales pendientes de nuestra economía. Y es, por otra parte, una cuestión larga en el tiempo que, sin embargo, dada la actual situación económica de nuestro país, adquiere ahora los más sombríos tintes de la urgencia, so pena de arrastrar al mismo a una situación de no retorno.

Lo cierto es que la multiplicación y repetición de estructuras, órganos, competencias, etc. a que da lugar nuestro descomunal y en buena medida ineficaz sistema de distribución territorial, de nuestro actual modelo de estado descentralizado, problema permanentemente aparcado desde hace una veintena de años, se vuelve ahora inaplazable.

La viabilidad del sistema político-económico no parece aguantable tal y como está. La obligación de reconducir nuestro descabalgado endeudamiento, propiciado en buena medida por las distintas administraciones territoriales, llámense comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, y la perentoria necesidad de ahorros presupuestarios en las cuentas del país, conducen irremediablemente a plantearse de modo definitivo esa transformación, que hasta pudiera significar la misma desaparición de algunas de las instancias actualmente en funcionamiento.

Y es en esa intención en la que la vigésimo séptima edición del “Libro Marrón” del Círculo de Empresarios constituye una valiosa aportación, ya que reúne hasta nueve trabajos diferentes de doce autores, todos ellos prestigiosos expertos, que analizan en profundidad diferentes alternativas en esa problemática, tendentes todas a lograr el imprescindible equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, el primer paso para garantizar la viabilidad del sistema. Y a partir de ahí, la conveniencia de que todo ello esté revestido de criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.

No obstante, el volumen contempla asimismo otras consideraciones a tener en cuenta en la necesaria transformación, incluyendo la propia viabilidad política, social e incluso legal.

Aparecen así, a lo largo de los concienzudos trabajos elaborados, distintos puntos de vista y maneras de diseñar el modelo al respecto que, en todos los casos, pretenden como fin último encontrar la piedra filosofal de la sostenibilidad del actual status. Pero todos ellos sí coinciden, no obstante, en algunos aspectos, como en la conveniencia de evitar las duplicidades que en estos momentos encarecen y burocratizan el sistema y en la precisión de marcar un techo de gasto y una responsabilidad fiscal en cada caso.

En definitiva, una asignatura de nuestra economía y de nuestro sistema político-social que debería aprobarse de una vez y que desde luego debería ser una cuestión a afrontar por la nueva legislatura que acaba de dar comienzo.