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Supresión de las faltas en el Código Penal

Por   /   16 febrero, 2016  /   Sin Comentarios

Por Mónica Fernández, Abogada de Sanahuja & Miranda, despacho de abogados y economistas especializado en asesoramiento integral a particulares y empresas.

 

El 1 de Julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se reformaba sustancialmente el Código Penal vigente desde 1995. Reforma legal, de PixabayY entre las novedades introducidas, la más significativa era la desaparición de las faltas, es decir, aquellas infracciones penales de menor entidad y que estaban castigadas con penas de multa, privaciones de derechos y trabajos en beneficio de la comunidad, y cuya condena no generaba antecedentes penales. De ese modo, comportaba la despenalización de todas las conductas anteriormente calificadas como tal.

Lo cierto es que las conductas que no revisten una gravedad que merezca reproche penal se suprimían en base a la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal. Mientras, otras conductas (como por ejemplo, los accidentes de tráfico por imprudencia leve) se derivaban a otros órdenes jurisdiccionales, principalmente a la vía administrativa y a la civil. Y aquellas otras conductas más graves se mantienen y se califican de “delito leve”, castigándose con una pena leve análoga a la que se imponía por las faltas, pero con la diferencia de que las condenas por delitos leves comportan antecedentes penales, aunque no serán computables a efectos de reincidencia.

¿Pero qué conductas se considerarán “delito leve”? Pues tienen ahora la consideración de delitos leves:

a) Delitos contra las personas:

• Lesiones de menor entidad (art. 147.2) y maltrato de obra (art. 147.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.

• Amenazas y coacciones leves (artículos 171.7 y 172.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.

 

b) Delitos contra la inviolabilidad del domicilio:

Mantenimiento contra la voluntad del titular, fuera de horas de apertura, en domicilio social de persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público (art. 203.2)

 

c) Delitos contra la propiedad (siempre que la cuantía sea inferior a 400 euros):

– Hurto (art. 234.2)

– Sustracción de cosa mueble propia (art. 236.2)

– Alteración de lindes (art. 246.2) y distracción de aguas (art. 247.2)

– Estafa (art. 249.2)

– Administración desleal (art. 252.2)

– Apropiación indebida (art. 253.2 y art. 255.2)

– Defraudación de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc. (art. 255.2)

– Daños (art. 263.1.2)

 

d) Delitos contra los intereses generales:

Uso de moneda falsa cuyo valor aparente no exceda de 400 euros (art. 386.3); distribución o utilización de sellos o efectos timbrados falsos cuyo valor aparente no exceda de 400 euros (art. 389).

 

e) Usurpación de funciones e intrusismo:

Uso público e indebido, sin autorización, de uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial (art. 402bis).

 

¿Cómo afecta esta reforma a los procedimientos de juicios de faltas iniciados con anterioridad al 1 de Julio? En ese sentido, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/2015 prevé las reglas necesarias para la tramitación de dichos procesos.

Por su parte, en cuanto a los procedimientos de juicio de faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, se tipifiquen como de “delitos leves”, continuarán sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo los juzgados de instrucción y los de violencia sobre la mujer los competentes para su enjuiciamiento. Además, aquellos otros procedimientos de juicio de faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, resulten despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo del procedimiento con el visto del Ministerio Fiscal. Y si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo de la sentencia al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución de la sentencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cualquier caso, con la supresión de las faltas, se pretende por el legislador despenalizar conductas que, dada su escasa gravedad, no merecen la intervención del Derecho Penal, descongestionando así la jurisdicción penal de asuntos que pueden resolverse en otras jurisdicciones, tales como los accidentes de circulación, y destinar los medios y recursos a la tramitación de causas de mayor transcendencia. Pero solo el tiempo irá diciendo si la reforma operada cumple con tales objetivos.

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