Según pone de manifiesto el estudio “El ahorro en las Administraciones Públicas”, llevado a cabo por la consultora Eneas Sector Público, especializada en el estudio y optimización de costes para las Administraciones Públicas, el sector público de nuestro país (el Estado, entes de las comunidades autónomas y ayuntamientos) puede ahorrar 11.000 millones de euros renegociando los contratos dedicados a los gastos en bienes y servicios corrientes, es decir, las partidas destinadas al teléfono, electricidad, seguros, limpieza, mensajería, recogida de basuras, etc.

El informe considera que, hoy por hoy, el sector público español tiene sobredimensionado, al menos en un 20%, el gasto destinado a las facturas de bienes y servicios corrientes. Los motivos, según apunta el estudio, son fundamentalmente dos: primero, que la administración pública, después de tantos años de expansión económica, ha dejado la eficiencia en un segundo plano y hoy no cuenta con los mecanismos ni con la cualificación necesaria para realizar compras y contrataciones óptimas; y el segundo, que puede ser una consecuencia del primero, es que muchos entes públicos han heredado contratos históricos que jamás han sido revisados y que, por tanto, están fuera de las actuales condiciones de mercado que, a todas luces, resultan más competitivas que hace unos años.

Si se explotara al máximo el potencial de ahorro técnico de cada compra y el potencial competitivo de cada contrato, se podrían generar ahorros superiores al 20%, lo que supondría inyectar al sistema, con carácter estructural, entre 11.000 y 13.000 millones de euros.

En concreto, dado el volumen de su presupuesto, las estructuras de las comunidades autónomas son las que presentan un mayor potencial de ahorro, ya que gastan unos 28.000 millones de euros por estos conceptos y podrían hacer aflorar recursos por valor de 5.600 millones de euros. Los ayuntamientos, por su lado, podrían reducir costes por valor de 4.000 millones de euros ajustando los gastos corrientes a las nuevas reglas de contratación actuales. Y en cuanto a la Administración General del Estado, que en virtud del proceso de transferencia de competencias gasta aproximadamente 9.000 millones en ese capítulo, podría inyectar a las arcas públicas unos 1.800 millones de euros si se llevase a cabo una gestión eficiente, profesionalizada y transparente de estos gastos.

En esa línea, el tipo de gastos que presenta un mayor potencial de ahorro es la partida de telecomunicaciones, cuyo rango de ahorro mínimo oscila entre el 30-40%; le sigue la partida de seguros, donde pueden obtenerse descuentos similares; servicios de publicidad y marketing (impresión gráfica, organización de eventos, etcétera...), cuya partida puede adelgazarse entre el 18 y el 25%; mensajería, con ahorros medios de entre el 15 y el 25%; servicios informáticos (del 15 al 20%); servicios auxiliares, donde se enmarcan los contratos de los servicios de la limpieza, vigilancia y seguridad y cuyo rango de ahorro se sitúa entre el 10-18%; viajes (12-18%), y suministro eléctrico (12-18%).

Según apunta Miguel Marín, socio-director de Eneas Sector Público, “no hay varitas mágicas, sólo se trata de hacer lo que ya hace el sector privado, y lo primero para salvar el déficit es reducir las enormes bolsas de ineficiencias y costes estructurales innecesarios que abundan en el sector público, mediante la optimización de los suministros y de los procesos de contratación”.