Carlos Martínez

Según la “Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud” del Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cada 10 personas en edad de trabajar en España tiene una discapacidad severa o moderada. Entre ellas, sólo un 32% de los hombres trabajan, mientras que en el caso de las mujeres alcanza solamente a un 23,7%.

En el ámbito laboral, se considera trabajador discapacitado a aquella persona que, debido a su situación de discapacidad reconocida, tiene dificultades para desempeñar y desarrollar determinadas actividades o tareas exigidas por su puesto de trabajo, o dificultades por la existencia de una serie de barreras que limitan su accesibilidad a las instalaciones de la empresa. Actualmente, se considera que las dificultades y desventajas de las personas con discapacidad no se deben a sus propios déficits y limitaciones sino a carencias, obstáculos y barreras que existen en el entorno social.

Pero, ¿hasta qué punto un trabajador discapacitado puede realizar su trabajo de manera segura?, ¿podrían los trabajadores discapacitados realizar mejor su actividad, desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), si contaran con las mismas posibilidades en cuanto a ayudas técnicas que los trabajadores no discapacitados?, ¿es posible eliminar las barreras existentes adaptando los puestos de trabajo?

Cualquier persona que posea algún tipo de discapacidad tendrá una menor capacidad para realizar determinadas actividades, si bien lo cierto es que estas limitaciones dependen del entorno social, discapacidad específica y funciones del puesto. Así, la persona con discapacidad deja de serlo, o es menor su discapacidad, cuando dispone de las condiciones adecuadas que le permitan acceder en un alto grado de similitud con las personas sin discapacidad a las diferentes situaciones que se encuentra en la vida diaria.