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España, entre los peores países europeos en facilidad para abrir un negocio

Por   /   14 junio, 2018  /   Sin Comentarios

Cuando se han cumplido ya nada menos que doce años de la aprobación de la “Directiva Bolkestein”, que pretendía impulsar en toda la UE la armonización de la normativa y la simplificación de los trámites burocráticos que permitieran eliminar las trabas administrativas y, con ello, proporcionar una mayor seguridad jurídica y transparencia para todos los ciudadanos, y especialmente, los inversores, Trámites burocráticos, de Pixabayun reciente estudio llevado a cabo por la Asociación de Entidades Colaboradoras Urbanísticas para la Pequeña y Mediana Empresa (ECUPYME) revela que en España sigue siendo muy costosa y complicada la apertura de un negocio y la obtención de permisos de construcción.

En concreto, el estudio, que se apoya en el informe “Doing Business 2018” del Banco Mundial, revela que en nuestro país se necesitan 7 procedimientos, 13 días y un coste del 4,8% de ingreso per cápita para poder abrir un negocio. De esta manera, España ocupa la posición 86 entre los 190 países analizados en facilidad de apertura de un negocio.

En cuanto a los indicadores referidos en particular a la obtención de permisos de construcción, que mide el número de trámites, el tiempo y el coste asociado a la obtención del permiso, en el caso español se necesitan 15 trámites, 208 días y el 5,4% del valor. Si se comparan estos números con la media de los países de la OCDE (12,5 trámites, 154,6 días y el 1,6% del valor), se concluye que España debe mejorar mucho estos indicadores para competir en igualdad de condiciones con otros países de la UE. Hasta el punto de que nos colocan en el puesto 123 del ranking mundial en cuanto a la obtención de permisos de construcción.

Para ECUPYME, estos datos ponen de manifiesto que la burocracia española sigue siendo una barrera estructural al emprendimiento y puesta en marcha de actividades económicas, ya que el exceso de intervención dificulta la iniciativa privada, que puede tardar meses y años en reunir todas las autorizaciones exigidas, lo que provoca la inseguridad jurídica de los proyectos emprendedores y, como consecuencia, la desinversión frente a otros países más competitivos burocráticamente. Además, a nivel de la administración, el mantenimiento de costosas estructuras de control previo hace inoperante el sistema que incumple sistemáticamente los plazos de tramitación incluidos en su propia normativa, lo que termina propiciando un sistema corrompible.

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Sobre el autor

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