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Un marco regulatorio eficaz ante la “economía colaborativa”

Por   /   18 octubre, 2016  /   Sin Comentarios

María Luisa Espada Piedra, de Díaz-Bastien AbogadosPor María Luisa Espada Piedra, Experta en servicios financieros de Díaz-Bastien Abogados, Firma de servicios legales especializado en plurijurisdicción.

 

Si digo Airbnb, Niumba, Windu, Blabacar, Cabify o Uber, una amplia mayoría de los que están leyendo este artículo estarán familiarizados con estos nombres e, incluso, más de uno habrá utilizado en alguna ocasión estas plataformas o apps como alternativa a los alojamientos hoteleros o medios de transporte tradicionales.

Lo anterior es lo que se conoce como “economía colaborativa”, «collaborative economy» o «sharing economy», es decir, compartir entre particulares servicios y/o productos que pueden incluir desde casa y viajes en coche hasta servicios domésticos, siempre con el objetivo de, o bien ahorrar unos euros, o bien obtener unos ingresos extras.

Según el “Eurobarómetro” publicado el pasado mes de junio por el órgano ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el 52% de los nacionales europeos conocen las plataformas de “economía colaborativa” y los servicios que ofrecen y el 17% los ha utilizado al menos una vez. En este sentido, el 41% de los usuarios que utilizan estas apps considera como principal ventaja la facilidad de acceso a los servicios, en comparación con las tradicionales compañías de productos y servicios; el 33% destaca su bajo precio, mientras que el 25% restante valora la habilidad para intercambiar productos o servicios en vez de pagar con dinero.

Sin embargo, lo cierto es que no todos sus aspectos son positivos y, en lo que respecta a las desventajas de las plataformas colectivas, el 41% critica el hecho de no saber quién sería el responsable en caso de suscitarse un problema, en tanto que un 28% afirma no confiar en las transacciones de Internet en general y un 27% no se fía del vendedor.

Precisamente, las anteriores críticas, y sobre todo el rechazo de muchos colectivos hacia estas compañías, es lo que ha llevado a la Comisión Europea a presentar, a través de la llamada «Agenda Europea», unas orientaciones y normas comunes a fin de que los consumidores, empresas y autoridades públicas participen con confianza en la “economía colaborativa”; algo que pasa porque las autoridades nacionales y locales aborden la situación con un marco regulatorio eficaz. Y España no debe ser menos.

En el terreno judicial, el pasado 31 de mayo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección 8ª, dictó la Sentencia núm. 292/16 que estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Madrid Aloja contra el Decreto 79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Madrid, declarando la nulidad del artículo 17.3 del referido decreto, que disponía que las viviendas de uso turístico no podrían contratarse por un periodo inferior a cinco días. La referida sentencia fundamentó su decisión en que «…tal inciso y limitación temporal resulta contrario a la normativa comunitaria y estatal y constituye una restricción injustificada y un obstáculo al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado entre los operadores turísticos en materia de alojamiento…». Resolución de gran calado para las plataformas como Airbnb, Windu o Niumba, entre otras, cuyo negocio reside concretamente en facilitar viviendas de uso turístico.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sometió a consulta el pasado mes de marzo de 2016 las conclusiones preliminares del estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la “economía colaborativa”, permitiendo con ello a los expertos y a la opinión pública una colaboración adicional en un informe que está dirigido a dar unas pautas para afrontar la “economía colaborativa” desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica eficiente.

Para alcanzar las conclusiones preliminares, la CNMC analizó las contribuciones recibidas en dicha consulta pública y también mantuvo diversas entrevistas con algunos de los principales Compartir coche, de Blablacaragentes de los sectores de alojamiento turístico y transporte discrecional de viajeros, sectores en los que se está produciendo una mayor y más rápida penetración de nuevos modelos de prestación de servicios. Tras ello, la CNMC dispone en su informe sobre las respuestas de la consulta que “en una valoración general del fenómeno de la `economía colaborativa´, los miembros de las autoridades de competencia y de regulación, las organizaciones de consumidores y usuarios y las universidades perciben mayoritariamente este nuevo modelo como una oportunidad para la mejora del bienestar social, la regulación y la competencia».

Lo cierto es que nuestro sistema normativo resulta arcaico y no ofrece soluciones que promuevan el desarrollo de la “economía colaborativa” en nuestro país. Está en manos del Gobierno hacer entender a los colectivos profesionales que la evolución tecnológica de las plataformas ha venido para quedarse, debiendo establecer una solución jurídica apropiada a ese entorno digital, ya que, como establece la Comisión Europea, la prohibición de la “economía colaborativa” es «el último recurso».

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Sobre el autor

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