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Dudas sobre la amnistía fiscal

Por   /   6 julio, 2012  /   Sin Comentarios

Las últimas medidas del Gobierno dirigidas a la reducción del déficit público (Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo) contemplaban la Amnistía Fiscal, pero dejaban muchos “flecos” sin resolver. Por fin, el pasado 4 de junio se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la orden ministerial (Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo) que marca la entrada en vigor de esta medida y detalla las condiciones.

Miguel Ángel Ferrer GarceránA la misma pueden acogerse todos aquellos contribuyentes que manifiesten ser titulares de dinero en efectivo no declarado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Los ciudadanos podrán regularizar sus “activos ocultos” a cambio de abonar un 10% sobre las rentas no declaradas por el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF de no residentes. Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, que se declararán por el importe total del saldo al 31 de diciembre de 2010.

Asimismo, se ha fijado un gravamen del 8% para los dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, siempre que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012.

El importe de la regularización irá exento en ambos casos de intereses, recargo y, por supuesto, sanción. Tampoco habrá riesgo de sufrir un proceso por delito fiscal ni se conocerá quién regulariza, ya que los datos obtenidos tendrán carácter reservado. Los fondos tendrán la “bendición fiscal” de la Administración, lo que no es poco, aunque la redacción del Real Decreto es confusa en este aspecto.

Las personas que quieran acogerse tienen que depositar la cantidad en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración tributaria especial diseñada para este fin: modelo 750autoliquidación– y el modelo D-750relación de bienes y derechos– (ambos están disponibles sólo en formato electrónico y se presentan de forma telemática). Hay que realizar la transmisión telemática en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso. Para ello, hay que ponerse en contacto con una entidad de crédito que colabore en la gestión recaudatoria (bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito) por vía telemática, de forma directa o a través de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es).

Para evitar malentendidos, aquél que ya hubiera sido citado por la Administración para iniciar procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias no quedará amparado por este “perdón”. Ahora bien, si se ha realizado la regularización, sería de aplicación la excusa absolutoria.

No obstante, quedan aún algunas dudas por resolver, como qué pasa con el IVA de las empresas que regularicen, con el Impuesto sobre el Patrimonio o de Sucesiones. No están contemplados dentro de la Amnistía Fiscal, pero la regularización seguramente conllevará haber tributado por alguno de estos impuestos.

En el caso de Patrimonio, es de suponer que, como esta tasa quedó eliminada a partir de 2008 y el ejercicio 2007 prescribe en junio, los afectados optarán por regularizar a partir de esa fecha.

Una cuestión más a tener en cuenta es que, ya antes de la Amnistía Fiscal, se estaba acudiendo a la regularización de capitales amparado en el procedimiento de regularización voluntaria por declaración espontánea sin requerimiento previo. El coste del proceso es, sin duda, menor. Ahora bien, para acogerse a este proceso, es necesario que el sujeto titular lo sea de los fondos desde períodos no prescritos (2006) y que no haya habido entradas monetarias o de patrimonio no declarado desde entonces. Habrá que comprobar caso por caso el supuesto aplicable.

En cualquier caso, el plazo para acogerse a este “perdón” acaba el 30 de noviembre. A partir de ahí, debemos entender que la Administración pondrá en marcha todos los convenios de doble imposición y acuerdos de información que se han firmado en los últimos años con territorios como Andorra, Panamá, Antillas o Singapur, y lo que es más importante, endurecer el régimen sancionador para el dinero no declarado.

Por Miguel Ángel Ferrer Garcerán, Socio-Director General de Arrbe Asesores

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