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Vías jurídicas para afrontar un proceso de divorcio

Por   /   4 septiembre, 2017  /   Sin Comentarios

Por Ignasi Vives, Responsable del Departamento de Derecho de Familia y Sucesiones de Sanahuja & Miranda, despacho de abogados y economistas especializado en asesoramiento integral a particulares y empresas.

 

En España se producen casi 7 rupturas por cada 10 matrimonios, lo que supone un ratio muy superior a la media europea, que es inferior a 5. A ello contribuye el hecho de que cada vez se celebran menos matrimonios (de 5,4 matrimonios por cada 1.000 habitantes en el año 2000 se pasó a 3,4 en 2014) y se tramitan más divorcios (la cifra se ha duplicado en los últimos diez años), según un informe sobre la evolución de la familia en España del Instituto de Política Familiar (IPF).

Según indican datos del INE, durante el 2015 se celebraron 162.571 matrimonios en España, pero en ese mismo período también se produjeron 96.562 divorcios, 4.652 separaciones y 144 nulidades, cifras que, no obstante, en su totalidad experimentaron un descenso del 4,3% respecto al 2014. Pero si bien se aprecia un descenso en esta área, siguen siendo muchas las familias que sufren estas rupturas: en el 2015, alrededor de 100.000 niños españoles se vieron afectados por divorcios, aproximadamente 10.000 más que durante el 2014.

En esa dinámica, iniciar un proceso de divorcio no sólo no es una cuestión agradable sino que, además, puede ser complicada y, depende cómo se afronte, más o menos larga. Divorcio, de PixabayLos gastos dependerán de los bienes que haya que repartir.

Formato «económico»: el mutuo acuerdo

Si se consigue un divorcio de mutuo acuerdo, los costes serán mínimos. Se trata entonces de un tipo de divorcio que consiste, como su nombre indica, en la conformidad de ambos cónyuges a deshacer su vínculo matrimonial y es el más concurrido, ya que el 75,9% de los divorcios españoles efectuados durante el 2015 fueron de mutuo acuerdo, en comparación con el 24,1% restante, que fueron contenciosos.

Al respecto, para el caso del mutuo acuerdo, será necesario elaborar un convenio regulador que sistematice algunos aspectos del matrimonio, como es la atribución de guarda y custodia de hijos en común, entre otros. Si también existe conformidad sobre este convenio, no es necesaria la celebración de un juicio y la demanda de divorcio se presentará ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de los cónyuges para su ratificación.

Contencioso: procedimiento prolongado y costoso

Si, por el contrario, uno de los cónyuges no está de acuerdo con el divorcio o sus consecuencias, se deberá acudir a la vía judicial, es decir el llamado “divorcio contencioso”, que resulta un procedimiento más prolongado y, en consecuencia, más costoso.

En este caso, sí que debe celebrarse un juicio a razón de que el juez debe resolver el conflicto y acordar qué medidas adoptar en cada caso.

Ante notario: la vía más rápida

Desde 2015 existe, por otra parte, la modalidad “ante notario”, un proceso que es más rápido (puede tardar dos días, frente a los dos meses del proceso convencional), pero también es algo más caro.

En cualquier caso, se deben cumplir los siguientes requisitos para optar por esta tercera vía: que sea de mutuo acuerdo, tener abogado y no tener hijos en común.

Aspectos que pueden complicar el proceso

Otro tema clave es la intervención de expertos y peritos durante juicios en el caso de un divorcio contencioso. Un claro ejemplo sería la necesidad de contar con un psicólogo infantil para evaluar la mejor solución con relación a los hijos menores de la pareja. Aunque en este caso, los costes también se verían incrementados.

Por otro lado, una de las cuestiones económicas más controvertidas entre padres separados o divorciados es la pensión alimenticia. Y en ese sentido, en el supuesto de que la guarda y custodia sea atribuida a uno de los cónyuges y el otro disfruta de un régimen de visitas, éste deberá realizar una aportación mensual de pensión de alimentos. Eso sí, existen unos criterios generales en el momento de fijar el importe de dicha pensión, que son la capacidad económica de ambos cónyuge, el número de hijos en común, los gastos y necesidades que estos tengan, la atribución del uso de la vivienda familiar y otras circunstancias relevantes. Y al respecto, el Consejo del Poder Judicial ha elaborado unas tablas orientadoras para determinar la pensión alimenticia de menores, que en ningún caso pueden vincular al juez, cuyo criterio discrecional primará en la determinación de la aportación.

Junto a lo anterior, en caso de que exista una hipoteca, se pagará a medias entre ambos cónyuges, pero los gastos de la vivienda conyugal irán a cargo del cónyuge que la haya obtenido en la sentencia de divorcio (para evitar costes extras, siempre se sugiere contar desde un inicio con un buen asesoramiento jurídico y económico).

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