Martín Pérez, presidente de ASIMELEC

El talante que mantenía la patronal del sector hace un año, con una actividad que seguía al alza pese a la crisis económica general, se ha transformado en honda preocupación no solo por la evolución negativa del ejercicio pasado, bastante peor de lo previsto, sino sobre todo de cara al año que acaba de comenzar, que presenta un cariz crítico si, como denuncia ASIMELEC, persiste la falta de una apuesta pública clara.

En concreto, la patronal contempla ahora mismo en sus previsiones más optimistas para este año en nuestro país, y siempre que no caiga más la demanda empresarial, una pérdida de negocio del 2,5% para el sector TIC, mientras que las previsiones de los expertos internacionales para este sector en la zona EMEA auguran un incremento del 4,5% en 2010. La asociación cree que la culpa de la caída ha venido a manos de los recortes presupuestarios de las administraciones públicas y de la decreciente inversión de las empresas en estas tecnologías, factores a los que se suma el bajo consumo privado.

En este sentido, ASIMELEC asegura no entender los altibajos gubernamentales por un sector como el de las TIC, que la propia Administración ha calificado de motor para el cambio de modelo económico, y se duele de la pérdida de fondos que está registrando este año la principal apuesta pública en este sentido: el Plan Avanza.

La patronal demanda una apuesta pública más decidida por el sector. Según su presidente, Martín Pérez, “es necesario que España apueste por las tecnologías de la información y las comunicaciones y fomente el desarrollo de la Sociedad Digital, porque son elementos clave para mejorar la productividad, la innovación y la calidad de vida. Son la base para el desarrollo de un nuevo modelo económico sostenible. Sin un sector TIC fuerte es difícil que avancemos hacia el cambio de modelo económico”. ASIMELEC afirma que “es preciso que las administraciones acometan acciones urgentes para que nuestra economía se beneficie de las ventajas de las TIC. Estas tecnologías contribuyen a reducir el uso del carbono y promover la sostenibilidad, a facilitar mejores prestaciones de los servicios públicos, aumentar la competitividad de nuestro tejido productivo, ayudar a nuestras empresas a competir en los mercados, a crear empleo y preparar a los trabajadores para desplegar sus conocimientos en la nueva economía digital, la economía del Siglo XXI”.