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La obligación de contar con un letrado asesor en al empresa

Por   /   26 abril, 2017  /   Sin Comentarios

José María Peyra de SanahujaPor José María Peyra, Abogado de Sanahuja & Miranda, Despacho de asesoramiento integral para particulares y empresas.

 

Muchas sociedades mercantiles disfrutan del asesoramiento jurídico en sus órganos de dirección o administración; pero existen otras que, por carecer de asesoramiento, adoptan acuerdos que, por ignorancia, infringen la normativa legal, provocando conflictos que acaban en los tribunales.

Lo cierto es que, en el ámbito empresarial, existe, por lo general, gran desconocimiento de que la Ley obliga a ciertas empresas a disponer de letrado asesor (abogado en ejercicio colegiado) para el asesoramiento del administrador o del consejo de administración.

En concreto, la Ley 39/1975, de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano administrador de determinadas sociedades mercantiles, establece la obligatoriedad de nombramiento de letrado asesor a aquellas sociedades domiciliadas en España que dispongan de un capital igual o superior a 300.000 euros, así como a las que tengan un volumen anual de operaciones superior a 600.000 euros o a las que tengan un número de trabajadores superior a 50. Y, si la sociedad está domiciliada en el extranjero, obliga también cuando el volumen de operaciones del último ejercicio sea superior a 300.000 euros o también cuando se tenga una plantilla superior a 50 empleados.

En esa dinámica, la importancia del cumplimiento de la ley radica no solo en que los administradores reciban el adecuado asesoramiento jurídico, para que las decisiones y acuerdos adoptados por los órganos sociales respeten la normativa legal y los estatutos sociales, sino también por las consecuencias negativas del incumplimiento de la misma.

Así, el punto 4 del artículo primero de la expresada Ley dispone: “El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley será objeto de expresa valoración en todo proceso sobre responsabilidad derivada de los acuerdos o decisiones del órgano administrador”.

En esa línea, la valoración del incumplimiento de la expresada obligación de nombramiento de letrado asesor, que en todo caso será negativa, podrá en muchas ocasiones decantar la balanza de la justicia hacia la condena al administrador o administradores a responder con su patrimonio personal en un proceso de responsabilidad social o individual por las decisiones y acuerdos adoptados sin contar con el obligado asesoramiento jurídico.

Hay que tener en cuenta que las funciones de mencionado letrado asesor consistirán en “asesorar en derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el órgano que ejerza la administración y, Abogado de empresa, de Pixabayen su caso, de las deliberaciones a las que asista, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional”.

Eso sí, la figura y las funciones del letrado asesor son distintas e independientes a las propias del secretario del Consejo de Administración, que podrá o no ser letrado y que es el encargado de levantar el acta de las reuniones del consejo de administración. No obstante, lo cierto es que la ley permite que, cuando la sociedad incluida en los supuestos de obligación de disponer de letrado asesor cuente con un secretario o con algún miembro de su dirección o de administración que sea abogado en ejercicio, el mismo podrá asumir las funciones que la ley atribuye al letrado asesor.

Por otra parte, la importancia de que los órganos sociales de la empresa que está obligada a ello dispongan de letrado asesor es aún mayor desde la reforma del Código Penal del año 2010, la cual convierte a las personas jurídicas en sujetos del derecho penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las personas físicas que la integren, y que pueden ser condenadas a importantes multas económicas e incluso a la disolución.

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